Creado después de que Ubisoft apagara los servidores del juego de carreras The Crew, el movimiento Stop Killing Games enfrenta obstáculos legales que ponen en duda su capacidad de provocar cambios legislativos duraderos, según la evaluación de especialistas en derecho digital.
La movilización, que recibió un amplio apoyo de la comunidad y cobró impulso con la iniciativa "Hora de demandar a Sony", choca con la diferencia entre las expectativas de los consumidores y la realidad legal y tecnológica.
Visión de especialista
La investigadora Celia Pontin, especialista en políticas de videojuegos de la consultora Flux Digital Policy, afirma que las exigencias de los participantes podrían ser jurídicamente imposibles de cumplir.
Los organizadores sostienen que un producto comprado no debería "autodestruirse" cuando la editorial decide cerrar los servidores. Sin embargo, los abogados señalan que los términos de servicio y la legislación vigente dan a las empresas libertad para decidir el ciclo de vida de los juegos en línea, tratando la compra digital como una licencia temporal de acceso, y no como la adquisición de un bien.
Pontin destaca que los juegos modernos son una compleja red de derechos de autor interconectados, que involucra código fuente, bandas sonoras, voces de actores y elementos gráficos. Por eso, la transferencia de juegos descontinuados a la comunidad o la autorización de servidores privados enfrentaría enormes barreras legales, que solo se superarían con una revolución sin precedentes en la legislación de propiedad intelectual.
Aunque las instituciones de la União Europeia y los legisladores discutan el problema del fin de los servicios digitales, la resistencia de las editoriales europeas y la rigidez de las leyes hacen improbable una victoria completa de los jugadores.
