SoloAzar publicó este lunes (10) una entrevista con David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos (ADCJ), en la que defendió la modernización de la regulación de los casinos en República Dominicana y pidió que las licencias tengan una duración mínima de 15 años, renovables por períodos iguales. La entidad participa en el debate sobre el nuevo Proyecto de Ley de Juegos de Azar, que prevé la creación de la Dirección General de Juegos como órgano regulador y nuevos controles sobre las operaciones presenciales y en línea.
Para la ADCJ, la reforma representa una oportunidad para fortalecer la supervisión, garantizar seguridad jurídica y consolidar estándares internacionales en el sector. La industria de los casinos está integrada principalmente en complejos hoteleros y contribuye a la generación de empleo formal, inversión y actividad económica, destacó Moniz, recordando que el sector incorporó en las últimas décadas mecanismos de prevención del lavado de dinero, auditorías independientes y gobernanza corporativa.
Independencia y supervisión
Moniz afirmó que la nueva autoridad reguladora debe tener independencia técnica, reglas claras y capacidad efectiva de fiscalización. "El éxito de cualquier órgano regulador no dependerá solo de nuevas competencias legales, sino de la aplicación uniforme de la norma, la transparencia y la seguridad jurídica para los operadores", dijo. Defendió un modelo de supervisión basado en criterios técnicos, con procesos modernos de licenciamiento y control para reducir la informalidad y garantizar una competencia leal.
Críticas a la moratoria y a las licencias
La asociación critica la propuesta de moratoria de diez años para nuevas licencias de determinados establecimientos, aunque existen excepciones para los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas. También cuestiona la separación de las licencias de juegos de mesa y máquinas tragamonedas, argumentando que ambas forman parte de una operación integral de casino. Para la ADCJ, la fragmentación puede crear complejidades operativas e incertidumbre jurídica en una actividad que necesita reglas previsibles para atraer inversiones.
Sobre la duración de las licencias, Moniz dijo que el texto original preveía cinco años y ya se amplió a diez, pero la entidad sigue defendiendo un plazo mínimo de 15 años, renovable por períodos iguales. Según Moniz, esto no afecta el poder de policía del Estado, que mantiene las atribuciones de supervisión, sanción, suspensión y revocación.
Cumplimiento de las reglas y tributación
El principal desafío del mercado dominicano, en la evaluación del presidente de la ADCJ, no es la falta de regulación, sino el cumplimiento efectivo y uniforme de las normas existentes. "Durante años, hubo un crecimiento desigual entre los subsectores del juego, generando espacios donde la informalidad y la competencia desleal afectan a quienes operan dentro de la ley", afirmó. Para él, cuando las reglas son modernas y proporcionadas, aumenta la formalización y mejora la capacidad de recaudación del Estado.
La ADCJ pide además la revisión de puntos técnicos del proyecto antes de su aprobación, entre ellos la definición de la base de cálculo del impuesto. El texto adopta el criterio de ingreso bruto de juego (GGR) para algunas modalidades, como los juegos por internet, pero prevé una metodología diferente para otras actividades, calculando el tributo sobre el valor total apostado sin deducir premios. La entidad advierte que esta diferencia puede provocar interpretaciones contradictorias, dificultades administrativas y distorsiones tributarias.
La asociación también cuestiona las restricciones de horario exclusivas para los casinos, porque estos establecimientos integran la oferta permanente de entretenimiento de los complejos hoteleros y atienden una demanda turística internacional que no sigue el comercio tradicional.
Prioridades del sector
Moniz enumeró cuatro prioridades para la nueva etapa regulatoria: seguridad jurídica y estabilidad; supervisión con criterios técnicos y homogéneos; formalización con un marco regulatorio moderno y competitivo; y estándares de protección al usuario, prevención del lavado de dinero y juego responsable. Para la ADCJ, la nueva ley debe equilibrar el interés público con el desarrollo económico, estimular el cumplimiento voluntario y permitir que el sector continúe contribuyendo al turismo, al empleo formal y a las finanzas públicas.
