La Federal Trade Commission (FTC) acusó a Digital Forensics Corporation de obtener al menos US$ 60 millones de personas que buscaban protección contra la extorsión con imágenes íntimas. La acción, divulgada el martes 13, afirma que la empresa cobraba miles de dólares por investigaciones y servicios de seguridad que con frecuencia no se realizaban según lo prometido.
Un tribunal federal de Ohio determinó la suspensión temporal de las actividades de la empresa y de su propietario, Dmitry Belkin, mientras se analiza el caso. La acusación también involucra a varias compañías asociadas a la operación.
Digital Forensics atraía clientes con anuncios en Google, YouTube y X, presentándose como especialista en identificar criminales, impedir la divulgación de imágenes íntimas y proporcionar pruebas a las autoridades. Según la FTC, la empresa explotaba el miedo de personas amenazadas con exposición pública para convencerlas de contratar servicios de alto costo.
Los paquetes iniciales costaban entre US$ 1.499 y US$ 20 mil, distribuidos en cinco categorías con diferentes plazos de atención. Documentos judiciales muestran que la recomendación comercial estándar era el plan de US$ 4.999, independientemente de las circunstancias individuales de la víctima.
La FTC señala informes ficticios, presión psicológica y reseñas manipuladas
La investigación describe una diferencia entre los servicios anunciados y los procedimientos efectivamente realizados. La empresa prometía rastrear la ubicación de los extorsionadores, asumir la comunicación con los criminales, producir informes detallados y remitir denuncias a la policía.
En la práctica, según la acusación, los empleados con frecuencia solo bloqueaban a los criminales en las cuentas de las víctimas, a pesar de haber recomendado antes que ellas no lo hicieran. La FTC también señala la fabricación de conversaciones y la reutilización de coordenadas geográficas, especialmente de regiones de Nigeria y Filipinas, para simular resultados investigativos.
Después de la primera contratación, se presionaba a los clientes para que adquirieran una segunda etapa de protección, supuestamente destinada al monitoreo continuo de cuentas y a la prevención de nuevas amenazas. Esa fase normalmente costaba otros US$ 2 mil a US$ 5 mil o más. Aunque inicialmente se presentaba como necesaria solo en situaciones excepcionales, la FTC afirma que la oferta se hacía sistemáticamente a los clientes.
La presión también aparecía en las llamadas comerciales. Según los documentos, los vendedores adaptaban sus argumentos a los temores individuales de las víctimas. Los militares recibían alertas sobre posibles consecuencias profesionales, mientras que a las personas casadas se les advertía que sus familiares podrían verse involucrados en las amenazas.
Otro componente de la acusación involucra la reputación en línea. La empresa exhibía una calificación de cinco estrellas basada en 3.542 opiniones, pero la FTC sostiene que parte de esos testimonios era fabricada. La investigación relata pagos a conductores de Uber que nunca utilizaron los servicios, además de reseñas producidas por empleados y clientes presionados para publicar comentarios positivos.
La agencia también acusa a la organización de dificultar los reembolsos, suprimir críticas negativas y dirigir a los consumidores a páginas falsas que imitaban canales de reclamación.
Christopher Mufarrige, director del Bureau of Consumer Protection de la FTC, afirmó que la empresa explotaba a consumidores que ya enfrentaban una crisis, utilizando el miedo para presionarlos a pagar por servicios no prestados.
La acción fue presentada el 6 de octubre y se dio a conocer públicamente el día 13. La FTC busca medidas judiciales permanentes y reparaciones financieras. El proceso sigue en curso, y la suspensión temporal no representa una condena definitiva de las empresas ni de sus responsables.
