El Gobierno de China divulgó este viernes (23) nuevas directrices para reducir los riesgos de sustitución de trabajadores por la inteligencia artificial. El documento, publicado por la Oficina General del Consejo de Estado, orienta a los organismos públicos a combinar la expansión de la tecnología con medidas de recalificación profesional, recolocación y protección del empleo.
La iniciativa reúne 18 tareas distribuidas en seis áreas de actuación. Entre las prioridades están la creación de ocupaciones vinculadas a la IA, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la adaptación de actividades tradicionales para preservar oportunidades de trabajo durante la automatización.
El Gobierno también pretende establecer mecanismos para evaluar los riesgos de proyectos que utilicen inteligencia artificial, especialmente aquellos capaces de provocar cambios significativos en el mercado laboral.
Las directrices incluyen recalificación y monitoreo de riesgos ocupacionales
Las orientaciones prevén programas específicos de capacitación, servicios de orientación profesional y apoyo a la recolocación de trabajadores afectados por la tecnología. Las autoridades también deberán mejorar los servicios públicos de empleo, incluso con herramientas de IA para conectar a los candidatos con oportunidades.
Otro frente implica la creación de sistemas de monitoreo y alerta para identificar riesgos de sustitución de puestos de trabajo y preparar respuestas a posibles impactos de la automatización.
El documento contempla además el fortalecimiento de los derechos laborales, la adaptación de los mecanismos de seguridad social y medidas relacionadas con la distribución de ingresos. Como detalló Reuters, las directrices también abordan el uso de algoritmos en la gestión de personas, incluidas prácticas de discriminación, reclutamiento fraudulento y violaciones de la privacidad.
La implementación quedará a cargo de las administraciones locales y de los organismos responsables de las políticas de empleo y desarrollo económico. Las directrices establecen prioridades para la actuación gubernamental, pero no representan la implementación integral de las medidas ni comprueban resultados en la preservación de empleos.
