La Financial Crimes Enforcement Network, la FinCEN, retiró formalmente dos propuestas que ampliarían las obligaciones de monitoreo sobre transacciones con criptomonedas en Estados Unidos. Las medidas alcanzaban operaciones con carteras sin custodio y servicios de mixing.
Una de las propuestas, presentada en 2020, obligaría a bancos y empresas de servicios monetarios a recopilar información, mantener registros y verificar clientes en determinadas transferencias que involucren unhosted wallets, también conocidas como carteras de autocustodia.
El texto preveía el reporte a la FinCEN de operaciones superiores a US$ 10 mil, incluidas las transacciones agregadas durante 24 horas. Para valores superiores a US$ 3 mil, también se exigirían registros y verificación de la identidad del cliente. El organismo informó que no pretende avanzar con la propuesta.
La segunda retirada involucra una iniciativa de 2023 que clasificaría el mixing internacional de criptomonedas como una categoría de transacciones de preocupación primaria para el lavado de dinero.
La medida permitiría imponer obligaciones adicionales de registro y reporte a las instituciones financieras, incluida información sobre activos transferidos, direcciones de carteras, hashes de las transacciones e identificación de los clientes involucrados.
La retirada no pone fin a la supervisión sobre los mixers
En el caso de los mixers, la FinCEN citó críticas recibidas durante la consulta pública según las cuales la definición propuesta era demasiado amplia y podría alcanzar actividades legítimas, además de crear una carga elevada de compliance.
El organismo destacó, sin embargo, que los criminales siguen utilizando mixers y otras herramientas para dificultar el rastreo de recursos. La FinCEN afirmó que seguirá monitoreando estas actividades y podría adoptar nuevas medidas en el futuro.
La decisión, por lo tanto, no significa la autorización de los mixers ni el fin de las reglas de combate al lavado de dinero. Solo pone fin a esos dos instrumentos regulatorios específicos.
La FinCEN también vinculó el cambio con la política del gobierno de EE. UU. de reducir exigencias consideradas excesivas y adoptar un enfoque regulatorio para activos digitales más proporcional a los riesgos.
