La Comisión Europea abrió, el miércoles (21), una investigación formal contra Booking.com para evaluar si la plataforma cumple sus obligaciones de prevención de fraudes y transparencia previstas en el Digital Services Act (DSA). El procedimiento abarca anuncios falsos de alojamiento, estafas de phishing relacionadas con reservas y la identificación de alojamientos patrocinados en los resultados de búsqueda.
Uno de los frentes examina si la empresa adoptó medidas suficientes para identificar y eliminar ofertas fraudulentas, incluyendo inmuebles inexistentes, anuncios que utilizan indebidamente la identidad de propietarios y alojamientos que no cumplen los requisitos aplicables.
La segunda involucra estafas de phishing que explotan información de huéspedes y reservas. La Comisión analizará cómo se comparten esos datos con los establecimientos y cómo funciona el sistema de mensajería de la plataforma, especialmente ante el riesgo de que delincuentes utilicen el contexto de reservas legítimas para solicitar pagos fraudulentos.
La investigación también cuestiona la identificación de alojamientos patrocinados
Otra preocupación de las autoridades europeas se refiere a la presentación de los resultados de búsqueda. Los establecimientos pueden pagar comisiones más altas para obtener visibilidad en Booking.com, pero la Comisión cuestiona si esas posiciones patrocinadas se identifican claramente como publicidad.
El regulador también verificará si los consumidores pueden identificar quién financia los anuncios, por qué se muestran determinados resultados y qué controles están disponibles sobre la publicidad recibida.
La investigación se inició tras un análisis preliminar de los informes de evaluación de riesgos presentados por la empresa y de la información solicitada previamente por las autoridades europeas.
En declaraciones a Reuters, Booking.com afirmó que está cooperando con la Comisión y destacó su compromiso con la seguridad de los usuarios y la lucha contra el fraude digital.
La apertura del procedimiento no representa una conclusión de infracción. Si se comprueban violaciones del DSA, la empresa podría enfrentar sanciones de hasta el 6% de su facturación anual global. La Comisión también podría aceptar los compromisos presentados por la plataforma para resolver los problemas identificados.
